Un Primero de Mayo por la paz y el trabajo decente

Francisco Javier Alonso Rodríguez, portavoz de ITD y presidente de Justicia y Paz

El Primero de Mayo es la fiesta del mundo del trabajo. En este año 2022, en nuestros corazones, a la reivindicación legítima por la justicia social se une la demanda urgente de paz. La iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) nos propone que sin compromiso no hay trabajo decente. Y no podemos olvidar que siempre paz y justicia social han estado unidas.

La Declaración de Filadelfia, adoptada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 10 de mayo de 1944, afirma que la paz permanente solo puede basarse en la justicia social. La Declaración de Filadelfia sostiene que:

a) todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades;

b) el logro de las condiciones que permitan llegar a este resultado debe constituir el propósito central de la política nacional e internacional;

c) cualquier política y medida de índole nacional e internacional, particularmente de carácter económico y financiero, deben juzgarse desde este punto de vista y aceptarse solamente cuando favorezcan, y no entorpezcan, el cumplimiento de este objetivo fundamental.

Estas reivindicaciones mantienen su actualidad este primero de mayo de 2022 así como el anhelo de la OIT de fomentar programas para lograr el pleno empleo y la elevación del nivel de vida. La Declaración de Filadelfia busca el trabajo de las personas “en ocupaciones en que puedan tener la satisfacción de utilizar en la mejor forma posible sus habilidades y conocimientos y de contribuir al máximo al bienestar común”. La Declaración reclama una justa distribución de los frutos del progreso y un salario mínimo vital para quienes tengan empleo y necesiten esta clase de protección así como la extensión de las medidas de seguridad social para garantizar ingresos básicos a quienes los necesitan y prestar asistencia médica completa.

Además de la Declaración de Filadelfia, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada al terminar la Segunda Guerra Mundial, afirma en su preámbulo, la necesidad de liberar a los seres humanos del temor y de la miseria para disfrutar de las libertades esenciales. La misma Declaración incluye elementos que definen un trabajo decente, que es el trabajo que permite: alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y servicios sociales, así como la protección en los casos de enfermedad, invalidez, viudez, vejez y cualquier otra causa de pérdida de los medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad (art. 25. 1).

La iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente denuncia que por la precariedad y la inestabilidad laboral muchas personas, a pesar de trabajar, no logran salir de la pobreza. La generación actual de empleo descarta en gran medida a mujeres, jóvenes y migrantes. La pandemia y la guerra están debilitando el derecho al trabajo y empobreciendo y descartando a millones de trabajadores, principalmente mujeres, jóvenes y migrantes.

El papa Francisco en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de este año ha afirmado que “el trabajo es un factor indispensable para construir y mantener la paz…, es compromiso, esfuerzo, colaboración…, el trabajo es el lugar donde aprendemos a ofrecer nuestra contribución por un mundo más habitable y hermoso”. “Es más urgente que nunca que se promuevan en todo el mundo condiciones laborales decentes y dignas, orientadas al bien común y al cuidado de la creación. Es necesario asegurar y sostener la libertad de las iniciativas empresariales y, al mismo tiempo, impulsar una responsabilidad social renovada, para que el beneficio no sea el único principio rector” (n. 4).

En este sentido es muy loable que la Comisión Europea haya publicado el pasado 23 de febrero su Propuesta de Directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial. Es valioso que se regule en el marco de la Unión Europea el deber de las empresas de proteger los derechos humanos y el medio ambiente en sus cadenas de valor, es decir, en la actividad de las empresas con las que contratan. Esto posibilita una fundada expectativa de que el trabajo decente avance en el mundo.

En España existe una dualidad entre personas con un empleo estable, con ingresos fijos, pero con una jornada laboral que tiende a crecer; y personas que sufren una precariedad derivada de la inestabilidad y los bajos sueldos. Factores como la globalización, la propia normativa laboral, la revolución de las TIC y la apertura de Asia a la economía mundial han derivado en una degradación del trabajo que se traduce en que, en los países occidentales, las nuevas generaciones vivan condiciones laborales peores que las existentes en la segunda mitad del siglo XX, caracterizadas por la consolidación del “Estado de Bienestar”.

En España necesitamos un pacto por la redistribución de la riqueza entre desiguales, un pacto por la fiscalidad justa y un pacto por la defensa y protección de los bienes comunes. Justamente en medio de esta crisis que está exacerbando la desigualdad social y debilitando los servicios públicos es más necesario que nunca hablar de impuestos, de medidas para avanzar en justicia fiscal y reformar un sistema tributario que no garantiza la suficiencia y la progresividad de los impuestos. Se están alzando muchas voces alegando que no es el momento oportuno por la situación de crisis. No podemos olvidar que los sistemas de protección social que conlleva el estado social y democrático de Derecho se consolidaron en Europa en un momento de crisis, al terminar la Segunda Guerra Mundial, en una Europa en ruina por la guerra. Las mejoras en la calidad de vida europea se cimentaron en el momento de mayor crisis en Europa. La justicia es básica para establecer las bases de un paradigma económico que mejore las condiciones actuales. El objetivo es conseguir un crecimiento económico ligado al trabajo decente.

Por otro lado, apostar por la paz significa hoy acoger, proteger, promover e integrar no solo a quienes huyen de Ucrania por la guerra sino a quienes vienen a Europa por cualquier guerra y por necesidad. Significa apostar en España por una regularización extraordinaria de personas extranjeras. No podemos situar a las personas migrantes en los márgenes de la ciudadanía global y del desarrollo sostenible. No podemos estructurar nuestra sociedad en torno a un muro que separa nacionales y migrantes, no podemos edificar en torno a las migraciones una polaridad exacerbada en lo político y en lo social. El diálogo político y la convivencia deben servir para construir una comunidad unida en el respeto y en la diversidad.

El papa Francisco denuncia el peligro de un paradigma tecnocrático que domina cualquier apreciación de la realidad en términos de productividad y que impone una “cultura del descarte”. Una escala de valores dominada por el low cost económico acaba generando una sociedad low cost que incluso deriva en una política low cost marcada por el populismo.

El trabajo es mucho más que una actividad realizada a cambio de una retribución. El trabajo habla de necesidades, es motivo de inclusión y reconocimiento en la sociedad. El trabajo supera lo individual y en las encuestas se encuentra entre las preocupaciones prioritarias para la juventud, incluido el miedo a quedarse en paro. En definitiva, el trabajo es sinónimo de participación en la vida pública. La desocupación masiva provoca la precarización de las relaciones laborales y esto se traduce en temporalidad, hiperflexibilidad, subempleo y pluriempleo.

España necesita cohesión social, una sociedad que aspira a la cohesión social no puede dejar de lado a las personas vulnerables. El trabajo no es solo la base de la economía, también es un factor fundamental a la hora de participar plenamente en la vida social. paro de larga duración que sufre el país. El paro de larga duración perjudica gravemente a las perspectivas vitales de estas personas desempleadas.

El reciente acuerdo entre Gobierno, sindicatos y patronal acerca de la reforma laboral puede ser valorado positivamente. La transformación del mercado de trabajo en aras del empleo digno  necesita el diálogo y la reflexión conjunta de agentes sociales y políticos.

Precisamos, tal y como plantea la Organización Internacional del Trabajo en su documento para la 110ª reunión anual de la Conferencia Internacional del Trabajo una «nueva generación de políticas de empleo». Dichas políticas son clave para la transformación estructural inclusiva. Indica la OIT: “el avance hacia la recuperación y la transformación estructural inclusiva con miras al desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza requiere marcos integrales de políticas que se adapten continuamente a las circunstancias cambiantes, teniendo presente al mismo tiempo una perspectiva clara a largo plazo. Estos marcos han de ofrecer soluciones innovadoras basadas en datos actualizados, deben situar a las personas en el centro de las políticas sin dejar a nadie atrás, deben contribuir al desarrollo sostenible y a una transición justa y deberían tratar de transformar y fortalecer las economías y los mercados de trabajo mediante la creación de empleos decentes”.

La igualdad y la inclusión son importantes para alcanzar los objetivos finales de reducir la pobreza y de crear sociedades inclusivas centradas en las personas. Las políticas de empleo deben prestar especial atención a la evolución demográfica, al cambio climático y a la digitalización, factores que cada vez influyen más en el devenir del mundo del trabajo y que afectan a todas las personas con independencia de su edad. La igualdad de género debe situarse en el centro de las políticas económicas y sociales.

Apostar por la paz es también apostar por la vida en el trabajo, no solo por la seguridad y la salud de quien trabaja sino por los trabajos esenciales, los trabajos de cuidados que atienden a las vidas humanas en cualquiera de sus fases y que tan fundamentales se han revelado en esta pandemia. Debemos denunciar que el trabajo de quienes cuidan suele ser precario, poco reconocido y realizado fundamentalmente por mujeres. Necesitamos una economía de la cooperación, una economía que ponga en el centro a la persona, que atienda no solo a criterios de eficiencia sino de dignidad humana y de justicia social. Los trabajos de cuidados necesitan trabajo decente, deben ser dignificados social y salarialmente. Así podremos progresar hacia una sociedad más humana, que crezca en solidaridad y en comunidad.

¡Feliz Primero de Mayo!

 

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