Informe FOESSA | La exclusión y el empleo no conocen la recuperación

La exclusión social en España afecta a 1,2 millones más de personas que en 2007, mientras que el empleo cada vez más está dejando de ser garantía de integración. Más de la mitad de los hogares donde hay una persona con empleo presentan dificultades para mantener el nivel de consumo, llevar una vida saludable, acceder a la vivienda, participar en política o conservar las relaciones sociales.

Los últimos 10 año han servido para que la población en dificultades haya aumentado hasta llegar a los 8,6 millones de personas. A la vez, la población en situación denominada de integración plena se sitúa en el 48%, logrando así, recuperar los niveles registrados al principio de la pasada crisis económica en 2007.

Estas son algunas de las conclusiones principales del último avance de la encuesta de la Fundación FOESSA sobre Exclusión Estructural e Integración Social. Para los expertos de la fundación, “podría hablarse de una recuperación a dos velocidades, que provoca un mayor distanciamiento entre los que viven una participación social integrada y quienes transitan por los espacios más alejados de la exclusión”.

El modelo social resultante se caracteriza por una zona de integración con bases más débiles y una exclusión severa persistente. El coordinador de Estudios de Cáritas, Raúl Flores alertó del riesgo de que “se estén debilitando los vínculos de nuestro modelo social, ya que las diferencias que existen en las condiciones de vida entre diferentes capas y colectivos sociales están tensando los ligamentos que nos mantienen unidos como sociedad. Se crean situaciones de competencia por el empleo entre unas edades y otras, por la protección social que reciben aquellos que están jubilados y los que están desempleados, por las ayudas a la crianza de las que se benefician unas y otras familias”.

Sociedad desligada

“En la evolución de nuestro marco social –explicó— estamos construyendo una sociedad desligada, que destruye con cada vez mayor intensidad los vínculos o ligamentos por los que nos sentimos miembros, con derechos y deberes, de nuestra sociedad”.

Las políticas, reformas y opciones adoptadas para responder a la crisis económica y recuperar la actividad productiva han pasado factura a la población con peores condiciones de vida. La exclusión global ha aumentado un 12% y la exclusión severa un 40%, en la que ya se encuentran 4,1 millones de personas que viven en 1,5 millones de hogares.

Es cierto que en los últimos cinco años de la recuperación, la exclusión social ha descendido del 25 al 18%, es decir disminuye un 27%, si bien, la exclusión severa se reduce en menor ritmo al pasar del 11 al 9%, un descenso del 19%.

La línea que se para la integración de la exclusión cada vez es más fácil de traspasar. Cada vez hay menos distancia entre las situaciones de precariedad y en las de privación. De hecho, el 13% de la población (6 millones de personas) que se sitúan dentro del tramo de integración social se encontraría en dificultades, en una posición de debilidad, si se produce un ligero empeoramiento de la situación socioeconómica, que les podría arrastrar fácilmente a engrosar las filas de la exclusión.

Población excluida

La población en exclusión social en este período ha sufrido un empeoramiento en cinco de las ocho dimensiones, concretamente en las relativas a capacidad de consumo, vivienda, participación política, salud y aislamiento social.

Una de cada cinco personas en exclusión está afectada simultáneamente por la exclusión del empleo, la vivienda y la salud, una de cada tres si hablamos de personas en situación de exclusión severa.

Precariedad laboral

La mitad de las familias en las que al menos uno de sus miembros tiene empleo no disfrutan de una situación de integración plena, lo que evidencia una calidad del empleo que no permite cubrir las necesidades de los hogares. La precariedad del mismo, en términos sobre todo de temporalidad y bajos salarios, nos está conduciendo a un escenario en el que disponer de un empleo ya no es sinónimo de integración. El empleo no asegura la integración social.

La incidencia en personas en situación de exclusión que, aún contando con empleo, atraviesa por dificultades en otras dimensiones capacidad de consumo, vivienda, participación política, salud y aislamiento social, es muy superior a la de la población global, llegando al 54% en el caso de la vivienda, al 50% en el de la salud, y al 24% en la dimensión del consumo. Uno de los fenómenos sociales que más explica esta situación, es la vivencia de los “trabajadores pobres”.

La situación de exclusión en la dimensión de vivienda se reduce un 19% con respecto a los datos de 2013, alcanzando a un 24% de la población, cifra similar a la registrada en el periodo anterior a la crisis. Seis de cada 10 personas en exclusión se encuentran afectadas en la dimensión de la vivienda, lo que nos debería llevar a cuestionarnos la inexistencia de una política suficiente de vivienda pública en sus diferentes modalidades tratando de evitar errores pasados y de buscar alternativas incluyentes en un ámbito tan elemental como es el residencial.

Las investigadores de la Fundación FOESSA también han destacado “el importante papel que están desempeñando familias y redes de apoyo” en el sustento a los que viven situaciones más críticas. De ahí que insistan “en la importancia de establecer estrategias institucionales más amplias que reduzcan la posible erosión en las relaciones familiares y sociales que las dinámicas de exclusión puedan producir”.

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