Opinión | Economía social y solidaria frente a la crisis de COVID-19

Maitane Campos Sainz, representante de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente y responsable de Economía de la JEC, y Eduardo Martín Ruano, presidente de la JEC. Artículo publicado en la revista Vida Nueva.

La economía social y solidaria (ESS) supone un nuevo modelo de hacer economía, alternativo al capitalismo, que pone en el centro de atención la transformación social, la inclusión y distintas formas de combatir la pobreza, por ello, está llamada a ser sujeto clave en la atenuación de las consecuencias de la crisis de la COVID-19.

La economía solidaria, que pretende incorporar a la gestión de la actividad económica, los valores universales de equidad, justicia, fraternidad económica, solidaridad social y democracia directa, recibe el llamamiento de una forma especial. Es decir, la propuesta para salir de esta situación es hacerlo de la mano de una nueva forma de producir y consumir, así como una nueva forma de relacionarnos con las personas trabajadoras, teniendo siempre en cuenta que la persona está en el centro de cualquier actividad.

¿Cuál es la posición y la propuesta de la economía social y solidaria?

Según el principio del trabajo, “es un elemento clave en la calidad de vida de las personas, de la comunidad y de las relaciones económicas entre la ciudadanía, los pueblos y los Estados.” Por ello, lo sitúan en un “contexto social e institucional amplio de participación en la economía y en la comunidad”.

Creen que se debe recuperar la “dimensión humana, social, política, económica y cultural del trabajo que permita el desarrollo de las capacidades de las personas, produciendo bienes y servicios, para satisfacer las verdaderas necesidades de la población (nuestras, de nuestro entorno inmediato y de la comunidad en general)”. Por lo que no es solo un empleo o una ocupación, sino un espacio de desarrollo personal y comunitario.

Finalmente, sitúan a los cuidados como un elemento social y económico clave en el desarrollo de la economía: “Dentro de esta dimensión social hay que destacar que, sin la aportación del trabajo llevado a cabo en el ámbito del cuidado a las personas, fundamentalmente realizado por las mujeres, nuestra sociedad no podría sostenerse”. Y que reivindican porque “no está suficientemente reconocido por la sociedad ni repartido equitativamente”.

En otros principios como el de cooperación encontramos que “quiere fomentar el aprendizaje y el trabajo cooperativo entre personas y organizaciones, mediante procesos de colaboración, de toma de decisiones conjuntas, de asunción compartida de responsabilidades y deberes, que garanticen la máxima horizontalidad posible a la vez que respeten la autonomía de cada una, sin generar dependencias”.

La finalidad de la actividad económica, y, por tanto, los objetivos con los que se mide la productividad del trabajo y de las personas trabajadoras “tienen en cuenta no solo los aspectos económicos, sino también los humanos, sociales, medioambientales, culturales y participativos y el resultado final es el beneficio integral”.

Además, consideran la equidad como un valor que dota a las personas “de igual dignidad, y protege su derecho a no estar sometidas a relaciones basadas en la dominación”.

Tras leer el posicionamiento de la ESS, nos encontramos una dignificación del trabajo, lo cual es compartido con la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) (persona en el centro, valor del trabajo más allá del empleo, condiciones dignas de empleo, conciliar el trabajo y el descanso y luchar por los Derechos Humanos) y hace que la primera esté capacitada, al contrario que las políticas capitalistas, para dar una respuesta satisfactoria y real a la crisis multidimensional en la que nos encontramos inmersos e inmersas.

Se trata de una forma de comprender el trabajo que ya se está dando en todo el mundo, una concepción que pretende ser la alternativa real, porque es real y es posible, a una economía deshumanizada, que aumenta la pobreza y las desigualdades sociales, la exclusión social y económica, donde el paro y el empleo en precario creciente con esta pandemia global son problemas que generan desafíos y exigen respuestas. Respuestas para las que la Economía Social y Solidaria está capacitada a dar, tal y como se manifestó durante la crisis sufrida hace una década, declarándose sus modelos de producción y consumo los más resistentes y sostenibles.

Proponer esto como ITD supone más que denunciar las injusticias producidas en el mundo del trabajo y las desigualdades agravadas por la COVID-19. Supone ofrecer una forma de hacer economía distinta, que habla de lo que a la gente le preocupa, que va desde la relación con los trabajadores y trabajadoras, hasta el tipo de empresa que se fomenta, y el sector en el que se haga.

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